Haciendo eco a uno de los verdaderos riesgos de impunidad en la aplicación del acuerdo de paz

La denuncia de impunidad que ha servido de fundamento para atacar el contenido y la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que se basa en la ausencia de la palabra “cárcel” dentro del acuerdo, no es más que una afirmación abstracta y superficial que pierde todo sentido ante la más grave amenaza –concreta y trascendental– de impunidad hoy: el asesinato de líderes sociales.

 

 

Dicha tragedia fue analizada, el pasado 21 de febrero en el programa radial de la Universidad Nacional de Colombia “Segmento Temático de UN Análisis”, al cual se quiere hacer eco con esta columna con la intención de atender el llamado a la indignación generalizada que debe suscitar cada ataque contra activistas sociales y/o defensores de la paz y los Derechos Humanos (DDHH).

 

En efecto, tal como lo mencionaron los participantes del programa, ha pasado desapercibido para la sociedad colombiana el asesinato sistemático de miembros del movimiento Marcha Patriótica, líderes de restitución, miembros de pueblos indígenas y defensores de DDHH, el cual ha acompañado las negociaciones, la firma y la implementación del acuerdo de paz con las FARC de manera silenciosa y constante.

 

Esta situación, además de poner en evidencia la clara y contundente oposición violenta de poderes nacionales y regionales a las oportunidades que el acuerdo ofrece para la consolidación de la democracia y el debilitamiento del paramilitarismo en Colombia, también constituye un riesgo de impunidad si dentro del concepto de justicia incluimos el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y de participación democrática de las víctimas del conflicto armado.

 

En efecto, el paradigma restaurativo –que ha sido adoptado por el acuerdo de paz colombiano– integra, además del esclarecimiento de los hechos ocurridos y la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables; la reparación de las víctimas y la restauración de las comunidades a través de la ampliación de los canales de participación y la defensa de la reivindicación de derechos (incluido el derecho a una reforma agraria integral).

 

De manera que, si de verdad se quiere impedir la impunidad de los hechos y los actores involucrados en las violaciones a los derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, se deben hacer resonar todas las voces que exijan protección e investigación de las agresiones contra líderes sociales, así como aquellas que defiendan un concepto de justicia para las víctimas y la sociedad colombiana.

 

 

* Investigadora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.