Hito en la política carcelaria: Reducción de las prisiones privadas en Estados Unidos

7 de octubre de 2016

Por: Carlos Gutiérrez* - Monitor CIPC


Un cambio radical en la política carcelaria está teniendo lugar en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país ha decidido cambiar la tendencia que otorgaba a las empresas privadas la operación de sus cárceles a nivel federal. A continuación podrá leer el memorando (traducido al español) mediante el cual se comunica esta importante decisión. En él se incluyen las consideraciones que llevaron a ella. Por tratarse de Estados Unidos, el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo y confianza en la delegación de los servicios a privados en el ámbito penitenciario, el caso sienta un importante precedente. (Lea: La privación del derecho al voto en Estados Unidos, una medida sin fundamento)

 

Departamento de Justicia de los E.E.U.U.
Oficina de la fiscal general adjunta

Fiscal General Adjunta

Washington D.C.20530
Agosto 18, 2016

Memorando para el director en función
Departamento federal de las prisiones

De: Sally Q. Yates
Fiscal General Adjunta

 

Entre 1980 y 2013, la población federal de prisioneros aumentó casi alrededor del 800 por ciento, en ocasiones a una tasa mucho más rápida de la que el Departamento Federal de las Prisiones se podía acomodar. En un esfuerzo por manejar el crecimiento poblacional en las prisiones, aproximadamente hace una década, el Departamento empezó a contratar con instituciones correccionales de gestión privada para albergar algunos de los internos federales. En 2013, como tanto la población federal carcelaria como la proporción de prisioneros en instalaciones privadas alcanzaron el límite, el Departamento estuvo alojando cerca del 15 por ciento de la población, o alrededor de 30.000 internos, en prisiones de gestión privada.[1]

 

Desde entonces, por primera vez en décadas, la población federal de prisioneros ha empezado a disminuir, de alrededor de 220.000 internos en 2013 a menos de 195.000 en la actualidad. En parte, esto se debe a significativos esfuerzos por reexaminar la política criminal federal, incluyendo la aplicación retroactiva de directrices de sentencias revisadas sobre drogas, nuevas políticas de acusación para delitos menores de drogas o no violentos y la iniciativa de clemencia puesta en marcha por parte de la administración. En este momento, tres años después de que el departamento de justicia anunciara su iniciativa estratégica contra el crimen, nuestros esfuerzos para dirigir las presiones que enfrenta el Departamento han encontrado resultados reales y positivos.

 

Las prisiones privadas desempeñaron un papel importante durante un periodo de dificultad, pero el tiempo ha demostrado que su desempeño es pobre comparado con las del Departamento. Estas prisiones simplemente no poseen el mismo nivel de servicio penitenciario, ni los programas ni los recursos; no logran ahorros sustanciales en costos; y como se advierte en el reciente reporte de la oficina del inspector general del Departamento, estas tampoco mantienen el mismo nivel de seguridad y protección. Los servicios de rehabilitación que ofrece el Departamento, tales como programas de educación y formación profesional han resultado ser difíciles de reproducir y exteriorizar, y estos servicios son esenciales para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública.

 

Por todas estas razones, me encuentro deseosa de contar con su colaboración en el comienzo del proceso de reducción, y en última instancia terminación, del uso de prisiones de gestión privada. Como sabrá, todos los contratos existentes del Departamento con compañías penitenciarias privadas se pactaron a término fijo y están sujetos a renovación o terminación. Estoy ordenando que tan pronto como cada contrato alcance su término, el Departamento debe o declinar la renovación del contrato o reducir sustancialmente el alcance del mismo de manera consistente con la ley y la disminución poblacional de internos del Departamento.

 

Soy consciente de que el Departamento ya se encuentra tomando los pasos en esta dirección. Hace tres semanas el Departamento rechazó la renovación de un contrato de aproximadamente 1200 cupos. Al día de hoy, al tiempo con la emisión de este memorando, el Departamento está enmendando un contrato de solicitud para reducir un próximo contrato de adjudicación de un máximo de 10.800 cupos, a un total máximo de 3.600. Tomadas en conjunto, estas acciones van a permitir al Departamento terminar con el alojamiento de internos en tres o más instalaciones de contratación privada durante el próximo año, y reducirá igualmente el total de la población en prisiones privadas a menos de 14.200 internos al 1 de mayo del 2017, para un total del 50 por ciento de disminución desde el año 2013. (También le puede interesar: Suecia y Finlandia: transitando un camino hacia la no carcelización de los cuerpos)

 

Estos avances no serían posibles ni deseables, sin el magnífico y consistente trabajo del Departamento en nuestras instalaciones. Estoy agradecido por la enorme labor del personal del Departamento. Cuanto mayor sea la proporción de la población prisionera de E.E.U.U. que se beneficie de esos esfuerzos, mejor serán los resultados para ellos, para el cumplimiento de la ley, y para la comunidad en general. Como fiscal de carrera y profesional partidario del cumplimiento de la ley, le agradezco a usted y a su personal por su extraordinario servicio a esta nación.

 

CC: Lee Lofthus, asistente del Fiscal General para la administración.

[1] Como es sabido, el Departamento también mantiene contratos con compañías privadas para operar cientos de centros residenciales comunales de reinserción, o “centros de reinserción social” alrededor del país. Estas instalaciones ofrecen estadías transicionales de cortos periodos y servicios comunales de reinserción tales como asistencia de empleo. El uso de compañías privadas para operar Centros residenciales de reinserción no son, sin embargo, el motivo de este memorando.

 

 

* Traducción hecha por Carlos Gutiérrez. Estudiante de quinto año de Derecho, Monitor del Centro de Investigación en Política Criminal, Universidad Externado de Colombia. 


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