La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil emite respuesta al Informe Semestral del Gobierno Nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria

6 de agosto de 2018


En el año 2013, como respuesta a la deplorable situación penitenciaria y carcelaria del país, la Corte Constitucional declaró mediante sentencia (T-388 de 2013) el estado de cosas inconstitucional y ordenó acciones para superar dicho estado y garantizar los derechos humanos. Para hacer un control efectivo de la implementación de las políticas por la mencionada… View Article

En el año 2013, como respuesta a la deplorable situación penitenciaria y carcelaria del país, la Corte Constitucional declaró mediante sentencia (T-388 de 2013) el estado de cosas inconstitucional y ordenó acciones para superar dicho estado y garantizar los derechos humanos.

Para hacer un control efectivo de la implementación de las políticas por la mencionada sentencia se constituyó la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, la cual está conformada por organizaciones como el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, Dejusticia, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Corporación Humanas, el Equipo Jurídico de Pueblos, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Fundación Ideas para la Paz, el Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal.

La Corte Constitucional en el Auto 121 de abril 2018 le ordenó al Gobierno Nacional realizar un Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, entendiendo seguimiento como la evolución del goce efectivo de derechos y no sólo como el “cumplimiento de órdenes”. Adicionalmente, la Corte le pidió a la Comisión de Seguimiento redactar una respuesta a este informe del Gobierno. En consonancia con aquel auto, el Gobierno Nacional publicó su informe semestral el 8 de junio de este año y la Comisión de Seguimiento remitió su respuesta al Informe del Gobierno, el pasado 23 de julio.

Dicha respuesta al Informe semestral del Gobierno Nacional, dentro de la cual participó el Centro de Investigación en Política Criminal, revisó los avances de la política criminal en fase legislativa, haciendo especial énfasis en el proyecto de ley 014 de 2017, de igual manera se analizó la efectividad del enfoque diferencial hacia la población LGTB, mujeres e indígenas privados de la libertad, y cómo se ha avanzado dentro del sistema carcelario y penitenciario sobre el tema. Además, se aborda la situación actual de los mínimos asegurables constitucionalmente dentro de los centros carcelarios, analizándose la infraestructura estatal y su idoneidad para garantizar el acceso a la resocialización, la salud, la alimentación y la justicia. Finalmente, el documento cierra revisando generalmente la dinámica en las cárceles de Colombia con respecto a la tortura y los tratos crueles e inhumanos y los retos para su prevención.

Entre las conclusiones que extractó la Comisión, se encuentran la falta de infraestructura y aplicación de las normas técnicas tanto en materia de salud como de alimentación, la deficiencia de los sistemas especiales de justicia indígena causada por la falta de presupuesto y la colisión de competencias, y la cantidad de obstáculos que tienen que superar los presos para poder acceder a la justicia, contando con una defensa de poca calidad, procesos lentos y obstáculos administrativos.

Vea aquí el informe


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