Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia

Con el proyecto de Acto Legislativo 001 de 2019 son ya dieciocho las iniciativas que, desde que está vigente la Constitución de 1991, han intentado levantar la prohibición de prisión perpetua en Colombia. Todas ellas han pretendido la imposición de cadena perpetua –algunas veces revisable– como respuesta a casos de graves violencias (homicidio, violencia sexual, secuestro, etc.) en contra de menores de edad. Todas estas iniciativas han contado también con motivaciones similares, enfocadas en la supuesta protección que tal medida representaría para los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la necesidad de imponer penas ejemplares capaces de disuadir a los potenciales agresores.

Otras de las características comunes a las motivaciones de todas las iniciativas referidas es que presentan un discurso deshumanizador de los destinatarios de la norma, están llenas de falacias argumentativas y de datos incompletos y sin sustento empírico, presentados de forma parcializada y que reaccionan a un evento desafortunado de resonancia mediática donde un niño, niña o adolescente es víctima.

Esta investigación analiza de forma integral y sistemática los motivos que desaconsejan un cambio normativo que permita la cadena perpetua por constituir una grave merma en materia de garantía de derechos humanos. Así mismo, hace una recomendación a todos los actores públicos y particulares dirigida a rechazar de forma radical y apremiante tal modificación constitucional. Esta investigación parte del rechazo a todo tipo de violencia en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, al tiempo que se constituye en un insumo que pretende generar consciencia social alrededor de la libertad y la dignidad humana como derechos fundamentales.

Este trabajo consta de cinco partes. En primer lugar, se abordan los problemas de los que adolecen las iniciativas legislativas que hasta el momento han pretendido instaurar la prisión perpetua en Colombia. En segundo lugar, se examinan las objeciones de carácter constitucional que indican que permitir la cadena perpetua en Colombia implicaría una sustitución de la Constitución y que, por lo tanto, impiden la reforma vía el constituyente derivado (por ejemplo, acto legislativo o referendo). En tercer lugar, se analiza la incompatibilidad de la propuesta con algunos de los principios del derecho penal moderno, que además suma otros motivos de inconstitucionalidad a aquella. En cuarto lugar, se examina la iniciativa a la luz del estado de cosas inconstitucional carcelario declarado por la Corte Constitucional en las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013 y reiterado en la sentencia T-762 de 2015; y, finalmente, se explica por qué la cadena perpetua es inviable, no solo en materia de derechos humanos y garantías penales sino también en términos financieros.

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