Justicia y Seguridad, un escenario en el que se normalizan hostilidades

En los últimos días hemos presenciado algunos acontecimientos que han generado bastante reproche por parte de la ciudadanía por la naturaleza de las acciones y por las reacciones de las autoridades frente a los mismos. Distintas hostilidades con distintos nombres que se justifican tanto en la seguridad como en la justicia.

Hace unas semanas, todos los colombianos seguimos de cerca las noticias sobre la decisión de cerrar una de las compuertas del proyecto de Hidroituango, la cual produjo la reducción del río Cauca a sus niveles más bajos, generando no solo un daño ambiental que dejó más de 34.291 peces muertos según el reporte de la EPM, sino también enormes daños sociales, económicos y culturales, pues las comunidades ribereñas del Cauca, viven y se definen por el río. Con esta situación, los pescadores, campesinos y habitantes se quedaron sin sustento, lo cual puso en riesgo su seguridad alimentaria y su identidad. Ante esta situación, las comunidades salieron a manifestar de manera pacífica y la reacción de la fuerza pública fue la intimidación, la criminalización de la protesta y la estigmatización de los líderes que se oponen al proyecto.

El segundo caso tiene que ver con el incremento de los asesinatos de los líderes sociales en el post acuerdo. Son 175 los líderes asesinados desde enero de 2018. De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP, se trata de un fenómeno sistemático que está orientado al control territorial. Por ello, no sorprende que la mayoría de los asesinados sean líderes de restitución de tierras y miembros de las Juntas de Acción Comunal. Pese a los reclamos de las organizaciones defensoras de derechos humanos que habían pedido al gobierno reconocer la sistematicidad de estas muertes, éste hasta hace poco seguía sosteniendo que las muertes eran casos aislados y que no tenían conexión entre ellas. A partir de esta postura, los esfuerzos del gobierno han estado concentrados en identificar los autores materiales de los crímenes mas no los intelectuales.

El tercer caso es el debate que se dio sobre la solicitud  formulada al presidente por parte del partido Centro Democrático y el Fiscal  General para que objete la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, aun cuando la ley ya fue sometida al control constitucional. Esta solicitud la justifican en la inconveniencia política y fiscal; sus razones, entre otras, se sustentan en la competencia que tendría la JEP sobre algunos delitos como el narcotráfico, y algunos reparos sobre la inconstitucionalidad de unos artículos que ya la Corte Constitucional había declarado inexequibles.

El último caso es la sanción impuesta a un grupo de ciudadanos por comprar empanadas en un puesto que invadía el espacio público. De acuerdo con las autoridades, los jóvenes promovían o facilitaban el uso u ocupación del espacio público, por lo cual estaban violando el artículo 140 del Código de Policía.

Los anteriores casos buscan ilustrar cómo se han normalizado las hostilidades. Hostilidades que pueden ser observadas no solo en la violencia directa y física sino también en la violencia simbólica y estructural. Estas violencias se ven reflejadas en las vulneraciones a los derechos económicos sociales y culturales, como en el primer caso; justicias que no sirven para defender la vida, en el segundo caso; la justificación de barreras para reforzar la brecha que impide alcanzar la paz y la reconciliación, como en el tercer caso; y la criminalización de los ciudadanos para evitar que, efectivamente, haya un dialogo social.

Llama la atención que en las bases para el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022 denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” se contemplan varios pilares estructurales, de los cuales, el primero de ellos es el pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. Para el gobierno actual, se requiere una visión multidimensional de la seguridad que trascienda el componente militar y policial y que trascienda a la garantía de los derechos sociales, civiles y económicos, que promueva la cohesión social y la resolución pacífica de los conflictos. Es necesario resaltar que uno de los componentes de este pilar es el fortalecimiento de la participación ciudadana y el diálogo social.

Sobre lo anterior, es curioso que buscando la multidimensionalidad de la seguridad, las estrategias planteadas tengan en su mayoría como responsable al sector defensa: Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Fuerza Pública.

Para alcanzar la paz y la equidad efectivamente se requiere de justicia y seguridad, pero no una justicia respaldada por una seguridad represiva; al contrario, se requiere de una justicia que nos incluya a todos, que sea verdaderamente multidimensional, que se aleje de la soberbia y de la apatía de los gobiernos, una justicia donde podamos participar a través del diálogo, construir sobre lo común pero lo más importante resistir ante la normalización de las hostilidades disfrazadas de legalidad.