Así fue el Congreso Internacional Reveses de la Política Criminal

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El 10 de noviembre en la Universidad Externado de Colombia con la participación de más de diez ponentes nacionales e internacionales se desarrolló el Congreso Internacional Reveses de la Política Criminal. Los investigadores se dieron cita en este importante evento para debatir en torno a la justicia restaurativa como alternativa ante la crisis de la justicia retributiva, así como la situación de derechos humanos en las cárceles colombianas.

Para muchos colombianos la idea de justicia supone ver a máximos cabecillas y guerrilleros rasos tras las rejas y por ello no aceptan las condiciones de la Justicia Transicional y no conciben penas diferentes a la privación de la libertad. Sea como fuere, más allá de este debate, en opinión de expertos es necesaria una reforma al sistema penitenciario, ante la ineficiencia de la política criminal y la vulneración de los derechos a la educación y a la salud, entre otros.

Al respecto, el Centro de Investigación en Política Criminal con el apoyo del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente – ILANUD, realizaron un debate en torno a la construcción de una política criminal, penitenciaria y pos-penitenciaria, respetuosa de los derechos humanos.

Guillermo Arroyo, representante del ILANUD, abrió la sesión con el estado actual en la región latinoamericana, en la que el común denominador es el grave hacinamiento y sobrepoblación de reclusos, deficientes condiciones y acceso a servicios básicos, el uso excesivo de la fuerza y la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables:

“En todos estos países donde no se contempla la justicia retributiva, es común normalizar la violencia y las muertes al interior de la prisión. Tan solo entre el 2006 y el 2009, Venezuela registró 4.358 heridos y 1895 muertes violentas, mientras que Chile presentó 873 agresiones y 203 muertes”, dijo Arroyo.

Según el experto, el mayor impacto se da con poblaciones en situación de multi-vulnerabilidad, en las que individuos han sido victimizados desde la primera infancia por diferentes razones y en el sitio de reclusión son sometidos a mayores condiciones de vulnerabilidad.

Por esta razón Arroyo planteó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para mejorar las condiciones de los espacios físicos, pero sin caer en errores comunes a la hora de reformar la política criminal:

“No se trata de enemigos ni de héroes, ni de quién tiene más derechos, victimas o victimarios, tampoco de ‘suavizar’ la justicia penal. Se trata de dignidad, las personas son portadoras de derechos. Se trata de justicia, democracia y Estado de Derecho”, agregó.

Con él coincidió la directora del centro de Investigaciones en Política criminal del Externado, Marcela Gutiérrez Quevedo al sugerir una “desinstitucionalización” punitiva que no niegue el derecho del Estado a utilizar la sanción privativa de libertad, pero bajo un modelo de derechos y obligaciones, ineludibles.

Sergio Fernández, del mismo centro de investigación, profundizó en la falta de programas laborales y educativos en el marco de la gestión penitenciaria. Para el docente, tras el rechazo social a los reclusos, la educación es concebida como servicio orientado por las fuerzas del mercado cuyo papel se reduce a formación de capital humano. También suele interpretarse como un mecanismo de control penitenciario cuyo fin se reduce a la redención de pena orientada bajo la premisa de la “resocialización”.

En ese sentido, limita el alcance de la educación como derecho humano: “es necesario entender analíticamente el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad como una categoría compuesta de 4 variables: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad”, indicó.
Así las cosas, criticó la ausencia de planes por parte del Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de oferta pública directa a la población privada de la libertad:

“Como consecuencia de lo anterior, el INPEC se ve obligado a desarrollar planes de coordinación con instituciones educativas para la certificación de los estudios de los internos, desarrollando funciones que exceden su capacidad institucional”, comentó.

Finalmente, el profesor australiano Greg Matter explicó que en Colombia es necesario implementar una justicia retributiva que beneficie víctimas y victimarios y abandonar la idea de que venganza es igual a justicia:

“Algunas de las creencias sociales que refuerzan esa idea, consideran el patriotismo como una virtud, o creen que sólo los objetivos de un lado son justificados”.

Sobre el caso colombiano agregó que “en muchos conflictos la Justicia Transicional es más adecuada para lograr el fin del conflicto. Debemos escuchar y validar las experiencias de las víctimas”.
Durante la jornada también se estudiaron los elementos esenciales de una política pública pos-penitenciaria, con enfoque de género, y la efectividad de la política criminal del Estado colombiano en la sanción de delitos ambientales, entre otros.

En el marco del mismo evento se lanzó el libro “Retos y Perspectivas de la Política Criminal”, en el que participaron docentes e investigadores del Externado.