La reflexión es de Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, con 21 años de trabajo; ella y su equipo se concentran en el estudio del “abolicionismo penal”, una visión innovadora frente a las tradicionales concepciones.
El conocimiento profundo de esta investigadora sobre la realidad criminal del país, que la lleva a promover un vuelco total en el sistema penal, se deriva no solo de sus estudios académicos sino de un acercamiento permanente a la realidad de la cárcel, que condujo a un compromiso mayor: un proyecto de responsabilidad social del Externado en diferentes cárceles colombianas: una tertulia literaria, entendida como un ejercicio de dignidad, un entrenamiento para alcanzar el sueño de la vida en libertad y en clave de derechos.
Cómo así: ¿Una sociedad sin cárceles?
Llegará el día en que la cárcel, como máxima expresión de la justicia penal tradicional, deje de existir. O, por lo menos, se reduzca, luego de un proceso social profundo que cambie el castigo y el dolor impuestos al hombre por el hombre, por un sistema alternativo basado en el humanismo.
Por nuestras investigaciones sabemos que la cárcel crea profesionalización. La persona que entra allí no encuentra posibilidades de empoderamiento en ciudadanía. Se encuentra con unos pares excluidos que hacen parte del mundo de las violencias, pierde familia, pierde relaciones sociales y cuando sale se lo estigmatiza, incluso se le llama “pospenado”. Es muy muy difícil que salga de ese círculo de violencia. Muestra de ello es la existencia de patios para reincidentes en las cárceles. La resocialización en la prisión es un mito. Y más allá de la ineficacia del sistema, está la sistemática violación de los derechos fundamentales de víctimas y victimarios y la afectación de su dignidad. Meter a la gente a la cárcel, antes que resolver el problema, lo aumenta.
¿Qué opinan ustedes de infligir dolor como castigo?
Necesitamos un profundo cambio cultural. Comprender, por ejemplo –como lo sostiene el profesor noruego Nils Christie– que el término “tratamiento” que se aplica a los reclusos es un eufemismo que esconde la antigua práctica de infligir dolor. No sería bien visto que al Derecho Penal se le llamara “Derecho del Dolor”. Pero esa es la realidad que se inscribe en la lógica del ojo por ojo, diente por diente.
Ustedes dicen que el sistema penal es selectivo. Entonces ¿por qué van a la cárcel los llamados delincuentes de cuello blanco?
Ellos son una minoría; la gran mayoría de los que están en la cárcel pertenecen a grupos desfavorecidos, que no pueden pagar una defensa, no entienden los términos jurídicos, a veces no saben cómo fue la sentencia, si pueden apelar o no. Es el caso de la jurisdicción indígena: actualmente hay 1.200 personas de esas comunidades en la cárcel; tienen otra cosmovisión y algunos son desplazados por la violencia. No saben cómo defenderse o tramitar su acceso a la jurisdicción especial; se ven atrapados en el sistema penal, que no tiene en cuenta las complejidades sociales y políticas del conflicto armado.
Cada vez que surge un fenómeno delictivo las respuestas del Estado se dirigen a aumentar las penas, crear nuevos delitos. ¿Qué les diría usted a los políticos sobre esta tendencia?
Ellos tienen que preguntarse qué significa criminalizar y “prisionalizar” y qué implicaciones tiene, por ejemplo, llevar a un joven a la cárcel por el tema de la dosis mínima, encarcelar a un inmigrante o a un desplazado. La propuesta del abolicionismo implica no solo lo reactivo, que es la cárcel, sino fundamentalmente lo preventivo en clave de derechos y de inclusión. Es el modelo de la justicia restaurativa, con énfasis en el reconocimiento del daño a las personas ofendidas. De ahí que los ciudadanos serían los más interesados en una postura abolicionista.
El sistema penal tradicional impone gran distancia entre el crimen y el castigo; quien recibe el castigo no lo relaciona con su comportamiento. Son sanciones estandarizadas, formales, con una distancia temporal muy amplia entre el hecho y la sanción. Además, quien aplica el castigo no tiene relación con el ofensor. Es preciso cuestionar la rígida dicotomía entre crimen y castigo, reconocer la relatividad del daño y la complejidad de los hechos. Y algo clave: las propuestas punitivas no se pueden usar para hacer política electoral.
¿Y qué pasaría con los delitos sexuales? ¿Sacar de la cárcel a los violadores?
Primero hay que responsabilizar a la persona; pero luego hay que señalar a la sociedad en su conjunto y comenzar a buscar respuestas para prevenir seriamente. ¿Por qué ocurren estas cosas? Después de la tragedia de Yuliana Samboní, sabemos que al señor lo detuvieron y la gente se pregunta por qué primero le dieron 60 años y luego 50. Pero no sabemos qué hay detrás de ese caso y por qué la sociedad está produciendo estas personas disfuncionales.
¿No es ingenuo pensar en la posibilidad de reducir la cárcel al mínimo en una sociedad sitiada por el crimen en todos sus flancos?
Se ve de esta manera porque esta es una sociedad proclive al castigo, acostumbrada a la defensa de unos valores sociales irrefutables, acicateada por algunos medios de comunicación que difunden una visión maniqueísta, que construyen una opinión pública para la que solo valen el blanco y el negro y para la que la venganza y el castigo a los ‘malos’ es la única respuesta. Pero la investigación académica ofrece elementos para transformar creencias y para ofrecer argumentos allí donde existen ideas tan arraigadas. Imprimir un carácter humanitario al ámbito del Derecho Penal para muchos es un sueño irrealizable; para nosotros es un ideal que hay que perseguir.
¿Por qué dicen ustedes que el sistema carcelario es un depredador que nunca está satisfecho?
Desde la perspectiva económica, la cárcel es un jugoso negocio: las construcciones, los sistemas de seguridad, los servicios a los residentes, y un gran etcétera. Intereses que se atraviesan en la reducción o abolición de la cárcel. Pero la verdadera catástrofe es la tendencia hacia la privatización de las prisiones: un modelo marcado por una relación directamente proporcional entre el número de prisioneros y la rentabilidad del negocio. En ese orden de ideas ¿a quién le puede interesar la racionalización del sistema carcelario?.
¿Cuáles serían los primeros pasos del camino hacia el abolicionismo penal?
Primero observar los hechos sociales y el cumplimiento de los derechos en la población vulnerable. Segundo, analizar la sociedad punitiva y cómo transformarla en una sociedad restaurativa. Tercero, contrastar el derecho penal y penitenciario con la satisfacción de derechos y metas cumplidas. Si no se cumplen los derechos y, al contrario, la violencia y la reincidencia aumentan, debemos implantar un sistema que satisfaga los derechos de todos (víctimas y ofensores). En cuanto a la presunción de inocencia, en nuestro país prácticamente se invierte la fórmula: “todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario”. Eso hay que cambiarlo.
Se tendrían que reducir delitos como la inasistencia alimentaria, que implica cerrarle al acusado encarcelado toda posibilidad de cumplir sus obligaciones; eliminar la pena de cárcel para ciertos delitos relacionados con narcotráfico. Suspender la construcción de cárceles, aumentar los permisos, y hacer un trabajo muy profundo para la restauración de las relaciones sociales rotas, en un escenario en que el agresor comprenda el daño causado y lo enmiende. Los servicios comunitarios son una manera de hacerlo.
¿Cómo es la historia de la tertulia literaria desarrollada por ustedes en las cárceles de Bogotá?
Ante una cotidianidad marcada por el ocio y la falta de programas de empoderamiento ciudadano, comenzamos en el patio 5 de La Picota y después con paramilitares y algunos pertenecientes a las guerrillas. Cada año escogemos un país o un escritor: Rusia, España, Francia, García Márquez, Sandor Marai, poesía de la colección Un libro por Centavos, del Externado. Es un momento de transformación social; en los textos siempre surgen los derechos concretos, relacionados con la ciudadanía y la construcción de paz. Los participantes vinculan los relatos leídos con las historias de sus regiones, y escriben. Con el tiempo, a ellos los buscan en las cárceles, porque son los constructores de paz y de convivencia, conocen de literatura, de derecho, hacen derechos de petición y se empoderan, se vuelven líderes.
Actualmente en La Modelo hay un equipo interdisciplinario del Externado trabajando, con participación de los programas de Derecho, Estudios del Patrimonio Cultural, Educación y la Biblioteca. Estamos leyendo La otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama. Tengo también una tertulia afro. A ellos nadie los quiere, ni adentro ni afuera… Poco a poco hemos establecido comunicación con ellos, en un proceso difícil que comienza, a veces, con una leve sonrisa. Algunos se han ido apegando a la tertulia, y ya se dio el caso de uno que reconquistó a la esposa con un soneto de Neruda. Hay un clima de reconocimiento del efecto de la literatura y del significado de un libro en una prisión. Los internos han construido estanterías para poner libros y me buscan para que les ayude a conseguir con qué llenarlos.
¿Cuáles son las principales dificultades en este esfuerzo?
Las dificultades abundan; a veces, las trabas, sobre todo las burocráticas, son tan insalvables, que nos han llevado al cierre de la tertulia. He luchado mucho por la posibilidad de que la participación en este espacio cultural sea un factor de redención de penas… Me aprueban la propuesta, mando la lista de la gente que tiene derecho a redimir, pero el proceso no avanza, algo sucede, algo se atraviesa y, finalmente, no se aprueban las reducciones de la pena. Otro “misterio” del oscuro mundo de las prisiones. Un argumento más para reconocer la importancia de derribar todos los muros que sean necesarios”.
