El CIPC organizó evento de socialización de los Acuerdos de Paz de la Habana

El Centro de Investigación en Política Criminal, coordinó la presentación del contenido de los Acuerdos de Paz de la Habana por parte de sus monitores, así como de estudiantes interesados en la socialización rigurosa del texto de los mismos.

Con el objetivo de informar de manera clara, precisa, sintética, integral y descriptiva, el contenido de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno y las FARC en Cuba, los monitores de los centros de investigación en Política Criminal (CIPC) y en Filosofía del Derecho de la Universidad Externado, junto a estudiantes interesados en promover la información precisa frente al contenido de los acuerdos, ofrecieron un seminario en el que detallaron el documento punto por punto. La jornada se desarrolló el 22 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado. 

Javier Leonardo Acuña y Carlos Larrarte, iniciaron el encuentro con una explicación sobre la reforma rural integral, que busca cambiar las condiciones que históricamente han dejado en el olvido a los sectores campesinos del país.

El acuerdo plantea una reforma que cierre brechas entre el campo y la ciudad a través de cuatro pilares: el primero de ellos es un fondo de tierras que les permita a los campesinos vivir en condiciones dignas, explicaron los estudiantes. Dicho fondo se alimentará con tierras adquiridas ilegalmente, sometidas a la extinción judicial de dominio y por medio de la recuperación de los baldíos que fueron apropiados indebidamente.

Los ponentes aclararon que es falso que para este fin se vaya a despojar a los dueños legítimos de tierras. Las únicas tierras en riesgo son las que hayan sido adquiridas a través de despojo o con dineros ilícitos. Para ello, jueces de la República verificarán pruebas constatables dentro de los procesos.

El segundo pilar, continuaron los expositores, se nutre con programas especiales de desarrollo con enfoque territorial en las zonas con menos presencia institucional. El tercero, tiene que ver con planes nacionales orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar, que contribuyan a dinamizar la economía rural e integrar las regiones al país.

Finalmente se pretende garantizar la disponibilidad alimentaria y nutricional, partiendo del supuesto de que si el campo se transforma, debe generar una mayor producción de alimentos que garantice cobertura a los territorios apartados.

Participación política

A su turno, Valenska García y Fabio Castro ahondaron en uno de los puntos más álgidos del debate: la participación política. Allí advirtieron la necesidad de garantizar la seguridad de quienes abandonen las armas para hacer política, para que no se repita el lamentable episodio de exterminio de la Unión Patriótica en esta nueva apertura democrática.

Para desmentir algunas versiones sobre este punto, aclararon que el partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal podrá empezar a participar en las jornadas electorales del 2018 y 2022.

Sin embargo, si durante estos dos períodos no alcanzan una representación de mínimo 5 Senadores y 5 representantes a la Cámara, el acuerdo garantiza este número de curules, siempre y cuando presenten listas al Congreso y se midan en las urnas.

En síntesis, si el nuevo partido obtiene un número inferior a 5 curules en el Senado se les asignarán las que falten, en el orden de votos que saque la lista. De llegar a obtener 5 curules o más, no se les dará ninguna adicional. Lo mismo se aplicará para las curules de la Cámara.

Y aunque algunos sectores políticos han puesto el grito en el cielo, los ponentes explicaron que el número de curules es inferior si se compara con otros procesos como en Sudán, donde fueron 124, o en Angola, donde además de curules, otorgaron embajadas y ministerios a desmovilizados.

Fin del Conflicto

Oriana Pedraza y Cristián Ariza explicaron el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC.

Allí se crean, mediante protocolos y anexos, las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.

Se establecieron 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 6 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) donde se cumplirán dichos procedimientos en los 180 días posteriores a la firma del acuerdo.

Naciones Unidas encabezará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, junto con delegados del Gobierno Nacional y las FARC, el cual estará encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego.

Las FARC tendrán 180 días para que la ONU reciba, por fases, la totalidad de su armamento. Como resultado, se harán tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia, ubicado en un lugar acordado por el Gobierno y las FARC.

Solución al problema de las drogas ilícitas

En este punto Carolina Jáuregui y Diana Tarapues explicaron que el Gobierno Nacional se comprometió a intensificar la lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, y las FARC a contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y entregando rutas del narcotráfico, para solucionar el problema de las drogas ilícitas.

Los pilares más importantes son la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, la atención integral al problema del consumo de las drogas ilícitas y lucha contra el fenómeno de producción y comercialización de las mismas.

Se garantiza que la guerrilla renuncie a una práctica ilegal lucrativa, pues si no contribuyen, pierden toda posibilidad de acogerse a los beneficios que les dará la ley en el proceso de justicia transicional.

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Finalmente, Alejandro Sanabria y Nicolás Otero, del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho explicaron la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que buscan garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la reconciliación.

Dentro de los mecanismos está una comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial de Paz.

Esta última ejercerá funciones judiciales y cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.

No serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad. Quienes hayan tenido una participación determinante en delitos graves y reconozcan su responsabilidad, recibirán una sanción de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables, deberán pagar penas de cárcel ordinaria de 15 a 20 años.