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Con criterio
1 de abril de 2022

Materialización real del Acuerdo de Paz como la clave para no repetir la historia de un conflicto armado en el territorio nacional.

Una vez firmado el Acuerdo Final de Paz en el año 2016, la atención del país y del mundo estuvo puesta en la materialización y cumplimiento de este. Sin embargo, poco a poco la población ha ido perdiendo interés en este tema, teniendo como consecuencia una normalización y pasividad respecto de cifras impactantes de asesinatos, desaparecidos, desplazamientos forzados y demás crímenes graves contra los firmantes del acuerdo.  

Amplios han sido los debates sobre la conveniencia del Acuerdo de Paz, unos grupos estando a favor de este modelo de justicia transicional, otros en contra, pero siempre dándole un enfoque – en su mayoría político – a dicho debate. Así, muy pocos han guiado su mirada a un punto neurálgico: superar todos aquellos factores que tengan el potencial de hacer resurgir el conflicto armado interno. Es decir, si lo que se quiere es romper con un círculo de reproducción de conflicto armado y evitar la reincidencia, se deberían identificar prácticas que contribuyan a minimizar todos aquellos factores que inciden en que los firmantes estén dispuestos a reinsertarse en grupos al margen de la ley.

La falta de garantías en la protección a los signatarios del Acuerdo es una de las causas por las cuales muchos reincorporados sienten inconformidad e inseguridad actualmente. Un reciente comunicado del diario El Espectador (2022) aseguró que para enero de este año 291 firmantes del Acuerdo han sido asesinados y 35 de ellos habían enviado solicitud de protección; lo que deja mucho que pensar, pues el Estado no tuvo la capacidad de proteger si quiera, el derecho a la vida en estos casos. Por su parte, la Corte Constitucional en el comunicado No. 01 de enero del presente año informó sobre la recurrencia de acciones de tutela solicitando la protección de la población desmovilizada y se refirió aproximadamente a 800 tutelas, situación que la llevó justamente a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante. Así mismo, en un escrito Alejandra Pardo de Francisco (2019), refirió que “no se le está garantizando la seguridad a esta población” (p.33) exponiendo la situación como una alarma y desacierto que los participantes del Acuerdo consideran como preeminente.

Otra forma en la que se evidencia la ausencia de cumplimiento en lo convenido, y que suscitó recientemente la inconformidad de los excombatientes, es lo referente a la participación democrática. Cinco años después de la firma del Acuerdo, se materializó lo concertado en el punto dos del documento ateniente a una apertura democrática para construir la paz, pues se eligieron 16 curules de paz para garantizar mayor participación de zonas afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, en la práctica se presentaron varias irregularidades que ponen de presente que no se están llevando a cabo las cosas tal cómo se concertaron en el Acuerdo de Paz. Así, según Redacción Colombia+20 del diario El Espectador (2022), al menos siete de esas sillas fueron ocupadas por candidatos cuestionables y con supuestas irregularidades. Además, el Acto legislativo 02 de 2021 había previsto tanto Tribunales Electorales Transitorios de Paz para llevar estos casos de irregularidades, como financiación estatal para las campañas y ninguno de las dos garantías se cumplió.

En conclusión, se evidencia cómo cada vez más, aumentan las formas en las que no se cumplen a cabalidad los derechos de los reincorporados. Claros ejemplos son la participación ciudadana (punto dos del Acuerdo) y la garantía de seguridad (numeral 3.4 del Acuerdo), presentándose una disparidad entre lo que se estableció en el Acuerdo Final de Paz y lo que se ve realmente en la práctica. Así las cosas, si la aspiración es superar las causas que llevan a la reproducción de violencia, y como consecuencia, evitar que los firmantes se reintegren a los grupos armados ilegales, aún quedan grandes retos por cumplir, dado que el objetivo está en que exista una coherencia entre lo pactado y lo que pasa en la realidad. Vale plantear que lo anterior no solo se debe ver como responsabilidad del Estado, sino también de todos como sociedad, porque el logro de una real reintegración y transformación estructural es en últimas, resultado de un trabajo conjunto entre la materialización de derechos por parte del Estado, pero también un cambio de mentalidad y un compromiso por parte de la ciudadanía para lograr incorporar una cultura de paz como conciencia que encauce las formas de vida desde la cotidianidad.   

REFERENCIAS