Vías para afrontar las violaciones de derechos humanos en Colombia: ¿Diálogo o aumento de fuerza militar?

¿Forjar políticas de guerra y seguridad o forjar acuerdos de paz y diálogo? Es un interrogante que sirve como punto de partida para una visión crítica y constructiva a fin de abordar la transformación de realidades en nuestro país. Pareciera una fatalidad el hecho de que las políticas de seguridad van variando, dependiendo del gobierno que se encuentre en curso, pero ¿cuál es la forma ideal para garantizar la no repetición de infracciones graves a los derechos en el territorio nacional? ¿Y qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en este replanteamiento?

Por: Laura Camila Mosos Homez, estudiante de quinto año de Derecho y monitora del CIPC.

Colombia durante décadas ha sido un país centro de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Lo que ha dejado ver las consecuencias significantes de los enfrentamientos entre las partes y la cantidad de afectados por esta guerra. Por ello, es oportuno observar los lineamientos en políticas de seguridad que los recientes gobiernos han adoptado para contrarrestar la alta tasa de violaciones a los derechos humanos y por qué la apuesta por las vías de diálogo con actores armados se considera la más acorde con el ordenamiento jurídico nacional y con los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Así, las políticas del expresidente Juan Manuel Santos, quien gobernó desde el año 2010 hasta el 2018, fueron encaminadas a preservar la seguridad, y tenían como objetivo principal priorizar la construcción de la paz y los medios parar materializar la misma.

No obstante, la Fundación Pares en una investigación de cara a la violencia a partir de la firma del Acuerdo de Paz (2016) publicó unas estadísticas en las que se evidencia que desde el inicio de la fase pública de negociación entre el Estado y las Farc-EP, es decir entre 2012 y 2016, hubo una reducción en la tasa de violencia de manera general debido a la disminución de acciones armadas por parte de las Farc-EP en el marco de los reiterados ceses al fuego como muestra de voluntad política para materializar los acuerdos (Pares, Fundación paz y reconciliación, 2021, pp. 5)

El gobierno del expresidente Iván Duque, que inició el 7 de agosto de 2018 y finalizó el 7 de agosto de 2022, lideró una política de seguridad y defensa (PSD) con la que quiso fortalecer la legitimidad estatal y el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción de legalidad. El primer mandatario adujo que “la base del derecho a la paz es la vigencia de la Constitución y el ejercicio legítimo de la autoridad, no la justificación del crimen” es decir, que no se podía ver el derecho a la paz, y todo lo que este implica, como una excusa para la criminalidad.

Adicionalmente, el expresidente pidió fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional y robustecer las funciones del Comando General de las Fuerzas Militares y las de la Dirección General de la Policía Nacional con el propósito de mejorar la institucionalidad de seguridad en el país. (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, pp 5)

Sin embargo, el mismo informe de la Fundación Pares señala cómo esta política “no respondió a los desafíos territoriales en materia de presencia estatal integral, dando cuenta que acciones como la militarización de diferentes zonas del país fueron insuficientes para contrarrestar el crecimiento de los grupos armados y la violencia” y lo que se presentó por el contrario fue un aumento progresivo en la presencia de grupos armados en toda la nación. (Pares, Fundación paz y reconciliación, 2021, pp. 58)

Así las cosas, resulta relevante destacar que las medidas tendientes únicamente a reforzar la seguridad y defensa como opción para enmarcar las políticas de estado, no son la opción más idónea para reducir las tasas de violencia, y que, por el contrario, las acciones tendientes a generar entornos de paz y cese al fuego si generan una disminución de los ambientes hostiles en el país.

Adicionalmente, el informe entregado por la Comisión de la Verdad (2022) se ha pronunciado de manera determinante frente a este tema, afirmando que “se debe fortalecer la buena gobernanza institucional, garantizar el direccionamiento civil de los temas de seguridad y defensa y la tolerancia cero con violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH” (p.691). Es decir, que se hace un llamado para realizar un cambio de paradigma frente a la adopción de políticas de seguridad y permite ver que los acuerdos humanitarios son el camino ideal para la reducción de la guerra ya que benefician a las comunidades vulnerables que tienen que vivir de manera directa el conflicto y permite que la fuerza pública se enfoque en cosas distintas a enfrentamientos y violencia.

Desde la institucionalidad no necesariamente se viven de manera directa los crímenes de guerra, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas y todas aquellas devastadores consecuencias que deja la guerra. De ahí que, los ciudadanos en el marco de una democracia representativa y como responsables de las exigencias de seguridad, no podemos seguir aprobando las prácticas dirigidas a reproducir conductas violentas y priorizando los intereses políticos por encima de los derechos humanos, sino que por el contrario, debemos entender la democracia como una oportunidad para redireccionar nuestras demandas ciudadanas, pues al cambiar la visión y las exigencias de los votantes, necesariamente cambiarán las propuestas de gobierno de los candidatos a las elecciones en el país.

En conclusión, a pesar de que sea el camino más largo y difícil, el diálogo es la mejor opción para afrontar las violaciones a derechos humanos, pues no hay política seguridad que salve más vidas que la paz. Se debe priorizar el respeto irrestricto por los derechos humanos para dejar de lado las practicas con ideales de seguridad y defensa que en el fondo realmente son un combustible para perpetrar la violencia y la guerra de nuestra nación y no contribuyen a fortalecer las garantías de no repetición. De este modo, si bien las medidas destinadas a instaurar acuerdos de paz  con los distintos grupos armados que aún persisten en Colombia cuentan con bastantes riesgos y necesitan de grandes esfuerzos, es necesario apostar por ellas y exigirlas a la institucionalidad, porque a pesar de sus aristas, en el peor de los casos lo que se deja es un fracaso de diálogo y un precedente para un nuevo intento, pero no necesariamente un aumento en cifras devastadoras por una guerra que se ha insistido en reproducir una y otra vez.

Referencias

Comisión de la Verdad, (2022) Hay futuro si hay verdad. Hallazgos y Recomendaciones. https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1

INFOBAE, Medina Mateo. (2023). La paz total es un modelo admirable pero arriesgado, asegura organización internacional sobre la iniciativa de Gustavo Petro. https://www.infobae.com/colombia/2023/02/24/la-paz-total-es-un-modelo-admirable-pero-arriesgado-asegura-organizacion-internacional-sobre-la-iniciativa-de-gustavo-petro/

La Silla llena, Trejos y Badillo. (2023) Tercero ciclo de negociaciones con el ELN ¿producirá resultados reales? https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/tercer-ciclo-de-negociaciones-con-el-eln-producira-resultados-reales/

Línea de investigación de paz, posconflicto y derechos humanos, (2021) Plomo es lo que hay: violencia y seguridad en tiempos de Duque. https://www.pares.com.co/post/plomo-es-lo-que-hay-violencia-y-seguridad-en-tiempos-de-duque

Ministerio de Defensa Nacional, (2019) Política de Defensa y Seguridad (PDS) https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf