Política criminal garantista VS populista

"Las políticas integrales de prevención permitirían superar el estado de cosas inconstitucional. Este modelo, acompañado de cambios estructurales que lleven a la inclusión social y al compromiso de toda la sociedad, protegería los derechos humanos que hoy sistemáticamente se violan."

Sorprende en esta campaña presidencial la manera equivocada en que se discute la política criminal que tiene nuestro país. Por esta razón las propuestas punitivistas, que son mayoritarias en el debate, conducirían a agravar los problemas existentes. Una política criminal seria y responsable, en cambio, es una política fundamentada, a través de argumentos construidos con base en investigación empírica que permite reconocer las complejidades sociales.

Más de lo mismo:

La política criminal actual y las que se avizoran, tienen como eje la criminalización: más penas para los reincidentes y jóvenes “delincuentes”, más cárceles y más prohibiciones y  leyes. Es una política pública reactiva, irreflexiva y populista ya que desconoce la realidad social y da la espalda a las contradicciones del sistema penal y penitenciario del país. Asimismo, las políticas de penalización y estigmatización indefinidas, son medidas peligrosistas que no ayudan a la convivencia e integración social. Insistir en lo anterior es caer en el círculo vicioso del punitivismo sin entender los fenómenos criminológicos, políticos, sociales y de derechos humanos.

La prueba más clara del fracaso de este modelo es el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas. En estas cárceles, los derechos fundamentales están en violación sistemática y permanente.

Una alternativa en clave de derechos:

Este modelo se debe cambiar por una política criminal garantista, en la que se respeten los derechos fundamentales de todos los actores involucrados en una infracción penal. Las víctimas tienen derecho a que se restauren sus derechos y se reconozcan los daños y perjuicios que se les causaron. Los  victimarios, a su vez, deben ser responsables de la restauración de los lazos sociales y de los daños cometidos. El Estado, por su parte, debe materializar esos derechos entendiendo la situación relacional y buscando que el tejido social se restablezca.

Cambiar este sistema punitivista por una justicia restaurativa podría ser la solución. El movimiento de criminología crítica y abolicionista propone alternativas a ese punitivismo exacerbado tales como:

• Descriminalizar a través de otras políticas públicas de integración social. Lo anterior, acompañado del trabajo comunitario creador de espacios de educación y de empoderamiento ciudadano.
• Desjudicializar a través de beneficios y de la aplicación de la excepcionalidad de la privación de libertad.
• Desprisionalizar a través de mecanismos eficaces y eficientes que reconozcan los derechos de todos los actores del conflicto de una manera pacífica y restaurativa a fin de abolir esa institución carcelaria.

Las políticas integrales de prevención permitirían superar el estado de cosas inconstitucional. Este modelo, acompañado de cambios estructurales que lleven a la inclusión social y al compromiso de toda la sociedad, protegería los derechos humanos que hoy sistemáticamente se violan.