Tertulia literaria en La Modelo: rescatando la dignidad y los derechos humanos

“Con el pie sobre la madre tierra somos uno para todos sobre el ancho cielo…”

Minga (Fragmento) – Fredy Chikangana

Desde el segundo semestre del 2017, el Centro de Investigación en Política Criminal (CIPC) de la Universidad Externado comenzó a realizar el proyecto Tertulia Literaria en la cárcel La Modelo de Bogotá. El ejercicio, que ya venía realizando el Centro en la cárcel La Picota desde hace cerca de 6 años, se propone como un espacio de educación para la paz y los derechos humanos en el interior de las cárceles.

En su primera fase, durante el 2017, la tertulia abordó la obra de Gabriel García Márquez. Este ejercicio permitió a los privados de la libertad una enriquecedora exploración literaria que les hizo reflexionar sobre problemáticas sociales, políticas, pero también familiares y personales.

Este año el CIPC ha enfocado la tertulia literaria en la población indígena privada de la libertad en este centro de reclusión. Los conversatorios de este año han tenido como fuente de debate algunos poemas de los colombianos Fredy Chikangana (poeta Quechua), Vito Apüshana (escritor Wayuu) y Hugo Jamioy (Pueblo Kamuentsa Kabëng Kamëntsá Biyá).

Pese a la diversidad de pueblos representados en los asistentes a la tertulia, los poemas han podido evidenciar temáticas y preocupaciones transversales en la población indígena colombiana: el despojo, el desplazamiento, la invisibilización por parte del hombre blanco, el colono, el hermano menor; pero también la resistencia, la identidad, la comunidad, su relación la naturaleza, su cosmología.

Poco a poco, la poesía ha servido como excusa para evidenciar en sus vidas problemas sociales, políticos y económicos estructurales. El fenómeno paramilitar, el desplazamiento forzado (provocado por grandes industrias o el conflicto interno), la exclusión social en muchas ciudades y municipios colombianos, la falta de oportunidades económicas, etc. Los indígenas presos han mostrado ser un crisol a través del cual se pueden revelar las fallas sistémicas de nuestro país, pero también han mostrado lo mucho que sus pueblos tienen para enseñarnos en temas de castigo y justicia restaurativa.

Pese a que la Corte Constitucional ha hecho múltiples llamados a que la Política Criminal y Carcelaria del país se formule desde la protección y el respeto a los derechos humanos, en la práctica es poco lo que se hace para deshacer este estado de inconstitucionalidad en el que se encuentran el sistema penitenciario.

Entre otras cosas, porque también, como la Corte Constitucional lo ha reconocido, el aumento de penas y la prisión son entendidas como la única y efectiva respuesta a los comportamientos ante los que una comunidad reaccionan con indignación.

En Colombia, según un registro de 2016 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los reclusos pertenecientes a comunidades indígenas representan cerca del 0.8% de los más de 120.736 presos hacinados en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON).

Aunque estadísticamente la cifra no es mayoritaria, si cabe preguntarse por la situación de estos cerca de mil reclusos pertenecientes a comunidades indígenas que están siendo juzgados por la justicia ordinaria, aun cuando en el país se reconoce la competencia de la jurisdicción indígena sobre sus miembros, y cuando la Corte Constitucional ha reconocido el deterioro cultural, social e individual que implica la reclusión ordinaria para este tipo de población.

La tertulia literaria ha sido un escenario propicio para entender la situación de los indígenas privados de la libertad y los estragos del sistema en su subjetividad, su familia y su comunidad.  De los cerca de 1000 indígenas presos en establecimientos de reclusión nacional, según datos de 2016 del INPEC, 77.9% de ellos ha sido condenados, mientras que el 22,1% se encuentran sindicados, y de estos sindicados, el 72,3% lleva más de un año en prisión.

El CIPC a través de la tertulia también pretende realizar un trabajo de investigación en el que se analicen las causas del desfase entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones indígenas. Esto con el fin de incidir activamente en la construcción de la política pública criminal que haga valer la dignidad de los presos, en especial de los indígenas, quienes gozan de protección constitucional especial.