Con criterio
11 de marzo de 2019

De la prisión perpetua o la regresividad penal

Por: Angélica María Pardo López - Docente Investigadora CIPC

Dentro de lo que parece ser un acelerado viraje hacia un Estado cada vez más autoritario y antidemocrático, sobresale el intento por desterrar de nuestra Constitución uno de los últimos bastiones que identifican a Colombia como una nación progresista y civilizada: la prohibición de la prisión perpetua. En efecto, recientes declaraciones del presidente Duque dejan más que claro que esta será una de las reformas que el gobierno promoverá, lo cual, dicho sea de paso, le servirá previsiblemente para aumentar su diezmada popularidad.

La estrategia de utilizar el derecho penal para ganar aceptación popular es una conocida estrategia en la arena política que se denomina por los académicos populismo punitivo. Esta estrategia, además de servir para ganar popularidad, sirve para ocultar la incapacidad del gobierno para dar soluciones reales a los problemas que aquejan a la sociedad.

La prisión perpetua, aunque se prevea como castigo frente a delitos en contra de menores u otras conductas graves e indeseables, no soluciona nada y, en cambio, genera problemas de diversa índole.

No soluciona nada porque el daño causado a las víctimas es irreversible y no dejará de serlo por el hecho de que se ordene al victimario morir en prisión. Lo que debería procurarse, en la medida de lo posible, es tratar de reparar a la víctima, pero evidentemente esta no es en modo alguno la finalidad de la medida. La prisión perpetua tampoco disuade a potenciales agresores pues, como bien es sabido, el ser humano tiende a descontar el futuro, esto es, a darle mayor valor a la ganancia o satisfacción presente obviando las consecuencias que de esto se podrían derivar en el futuro. En otras palabras, la amenaza de 15, 20, 30 años o toda una vida en prisión no entra en el cálculo de quien se dispone a delinquir.

Se podría, en todo caso, argumentar que al menos se puede evitar que quien se condena a prisión perpetua vuelva a infringir la ley. Tal argumento tendría, al menos, dos falencias. La primera es que ignora la posibilidad de que las circunstancias del hecho lo hagan irrepetible ¿Por qué presuponer que quien delinque una vez lo seguirá haciendo continua e insaciablemente? La segunda es que el hecho de estar en prisión no impide a nadie cometer delitos, antes bien, la literatura extranjera ha documentado que las personas condenadas a prisión de por vida son más problemáticas que sus pares dentro de los establecimientos carcelarios.

En cuanto a los problemas que genera, uno de los más serios es el exorbitante poder que se otorgaría al Estado en relación con los ciudadanos. Hoy se nos podrá decir que la prisión perpetua solo se utilizará en casos graves de violencia. No se excluye, sin embargo, la posibilidad de que mañana se quiera utilizar la medida para contrarrestar ofensas mucho menos graves. Téngase en cuenta el caso de los Estados Unidos, donde el 24% de las personas sirviendo prisión perpetua cometieron delitos de naturaleza no violenta. Debemos evitar a toda costa la instalación de una medida tan gravosa para proteger nuestra libertad de un gobierno que, quizá no muy distante del actual, persiga a sus ciudadanos.  

Por otra parte, nuestras cárceles ya están sobrepobladas y aquejadas por un permanente Estado de Cosas Inconstitucional. ¿No tiene en cuenta esto nuestro presidente cuando se atreve a declararse a favor de un retroceso de tal magnitud? La prisión perpetua no haría sino agravar la situación carcelaria, comprometer inútilmente una vastedad de recursos y hacer aún más vano el paso por ella de los cientos de miles de personas que sufren la desgracia de ser seleccionados por el sistema penal.

En suma, afirmaciones como “no podemos seguir viendo atropellos contra la niñez” y “la cadena perpetua a ‘violadores’ y ‘asesinos’ de niños sería ejemplarizante”, que pretenden justificar la instalación de la regresiva sanción que constituye la prisión perpetua, solo tienen un valor mediático. La protección de los derechos de los niños y del resto de los ciudadanos se logra con políticas sociales e inversión pública, no con políticas punitivas e inversión en celdas.

 

BIBLIOGRAFÍA