Por: Laetitia Braconnier
Cátedra UNESCO
3 de agosto de 2022

Del dolor a la denuncia política: lo que nos dicen las víctimas sobre el conflicto armado en la audiencia de Ocaña

Esta es la segunda de una serie de columnas sobre la Audiencia de reconocimiento por 'falsos positivos' en el Catatumbo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Columnas que estarán escritas a partir de distintas experiencias y disciplinas.

Por: Laetitia Braconnier-Moreno[1]

En el auditorio de la Escuela de Bellas Artes del centro de Ocaña, funcionando como sala de audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas alzaron su voz y demostraron su capacidad de agencia. Dicho espacio restaurativo les permitió hablar de la desigualdad socioeconómica agravada por el asesinato o la desaparición de sus seres queridos y afirmarse como voces políticas.

En la tarima del auditorio se encontraban militares retirados, quienes asumieron responsabilidad por muertes ilegítimamente presentados bajas en combate, y las familias de sus víctimas. De un lado, hombres que han representado al Estado y al poder. De otro, parientes, mujeres en su mayoría, de aquellos que fueron escogidos en los márgenes de las ciudades y del campo para ser asesinados por el ejercito.

A lo largo de los dos días de audiencia, los comparecientes reconocieron la inocencia de sus víctimas, concediendo que eran arduos trabajadores, honestos campesinos dedicados a la subsistencia de su familia. Uno de ellos recordó con emoción la mano con “callos” en la cual puso un arma para montar una falsa escena de combate. Limpiar el buen nombre de sus víctimas consistió para esos antiguos militares en declarar que además de humildes, no tenían relación alguna con grupos guerrilleros. Sin duda, las familiares querían que el mundo escuchara esa verdad. 

Y es que las víctimas suelen ser retratadas despolitizadas, sin matices, blanqueadas. Esto contrasta con el empoderamiento de las mujeres que representaban a sus familiares en la audiencia.  Asimismo, en medio del relato de los hechos, dichas representantes aludieron a las dificultades económicas que enfrentaron después de los asesinatos de sus esposos, hermanos, hijos, quienes ayudaban o aportaban los recursos de sus hogares. Su desaparición ahondó la brecha existente entre sus mundos empobrecidos y los de sus verdugos, y la audiencia sirvió de escenario para cuestionar dichas desigualdades.

Una de las voceras preguntó a los militares retirados si se sentían ricos en comparación con ellas[2]. Las víctimas les interrogaron sobre su dinero, su confort material, sus hijos que pueden estudiar en los mejores colegios y sus privilegios por los lugares donde siguen transitando en la sociedad, a pesar de haber sido imputados por crímenes de lesa humanidad.

Y aunque la JEP no es competente para otorgar las reparaciones económicas que están a cargo de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, la Magistrada Catalina Díaz recordó la “vergüenza [de] que el Estado no pueda hacer realidad un beneficio elemental que está en la ley”[3], refiriéndose a las 46 familias que aún no han recibido compensación alguna en este caso.

Lo que sí es de la competencia de la JEP es la restauración de los derechos de los y las sobrevivientes. Asimismo, el proceso prevé el restablecimiento de su dignidad a través de la activa participación de las víctimas en las audiencias. Más allá de su acreditación como intervinientes especiales en la JEP, su reparación pasa por su reconocimiento como sujetos de derecho con voz y agencia propia. Fue así como, luego de años de lucha para ser escuchadas por la justicia, las madres aprovecharon de distintas maneras este espacio restaurativo generando una tensión palpable entre las personas que presenciamos la audiencia.

En efecto, al mismo tiempo que el equipo de la JEP buscó otorgar a las intervinientes un papel central, también se esmeró en evitar que se convirtiera en una mera tarima política o tribunal de opinión para los comparecientes o para las víctimas. Sin embargo, ¿cómo limitar las intervenciones de estas a la expresión de su dolor? ¿No resultaba imprescindible que pudieran librar su lectura de la responsabilidad institucional en cuanto a la deshumanización que sufrieron, vinculada a su vulnerabilidad socioeconómica?

Si bien la magistratura pidió no salirse de la ritualidad jurídica de rigor, los testimonios de las representantes no se ciñeron a los daños sufridos. Su denuncia llegó a la asimetría socioeconómica entre víctimas y responsables, y su apropiación del auditorio con fotos y carteles elevando arengas marcaron un empoderamiento sanador y liberador, necesariamente político.


[1] Doctoranda en Derecho de la Universidad Paris Nanterre y la Universidad Nacional de Colombia y asistente de la Audiencia de reconocimiento de responsabilidad en el macro caso 3 de la JEP – subcaso Norte de Santander-.

[2]  La Jurisdicción Especial para la Paz. (26 de abril de 2022). Caso 03: Audiencia de Reconocimiento por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo. Recuperado el 7 de junio de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=ERLTlefQWFw

[3]  La Magistrada se refiere al Auto 266 del 6 de diciembre de 2021 mediante el cual su Sala pide activar el sistema de reparación previsto en la Ley 1448 de 2011: https://www.youtube.com/watch?v=ERLTlefQWFw.