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14 de mayo de 2019

La evolución de California frente a la pena de muerte

Por: María Camila Charry Torres. *Monitora CIPC

Existe en Estados Unidos una cada vez más evidente tendencia por erradicar la pena de muerte: en 20 estados ya se ha abolido. Esta batalla, que recientemente se manifiesta en forma de suspensiones a la máxima pena decretadas por los gobernadores de estados como Oregon, Colorado y Pensilvania, se extiende al Estado de California.  

 “¿Tenemos derecho de matar?’ Sé que las personas creen en el: ‘Ojo por ojo’; pero si alguien viola, nosotros no lo violamos, y yo considero que si alguien mata tampoco deberíamos matarlo. Somos mejores que eso” – Así comienza el pronunciamiento del gobernador del estado de California a través del cual anuncia que por medio de moratorias temporales se paralizarán en dicho estado las condenas de 737 internos a la máxima pena, lo que significaría que los presos continuarían condenados a la sentencia de muerte, pero están a salvo de su ejecución.  

Este paso trascendental pone de presente el conflicto entre distintos grupos de ciudadanos en California. Es importante destacar que existe una disyuntiva plasmada en los dos proyectos o “Proposiciones” que han existido sobre este tema. La número 62, que proponía reemplazar la pena de muerte con cadena perpetua, y la número 66, que plantea reducir la demora entre la sentencia y la ejecución. Ambas fueron aprobadas de forma democrática en 2016.  

Sin embargo, a estos fenómenos se les suma, tanto la elección del gobernador Gavin Newsom, quien basó su campaña electoral en la abolición de la pena de muerte, como el hecho de que no se ha ejecutado en el estado a ningún condenado desde el año 2006. Lo anterior podría mostrar que es más fuerte la presión ejercida por el movimiento social en contra de la pena capital que la influencia defensora de la misma. 

Como un punto adicional, el gobernador destaca que la pena de muerte históricamente se ha venido aplicando de forma arbitraria y discriminatoria, dato comprobable por medio de las cifras, puesto que el estado de California alberga más de un cuarto del total de los prisioneros del país que están condenados a pena de muerte, y dentro de estos, 6 de cada 10 son personas negras. El mandatario cita a su vez un reporte en el que se estima que 1 de cada 25 condenados a la pena de muerte es inocente. “No puedo ser parte de algo así. No podría dormir por las noches”, dice.  

Por otra parte, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas ha aceptado y destacado el avance en California, precisamente por la concordancia de la medida con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 desarrolla el concepto del derecho a la vida y plantea como objetivo erradicar la pena de muerte entre los países signatarios. Esta es la razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos históricamente ha aplaudido la eliminación de la pena capital, y prohíbe, en virtud de la fuerza vinculante de la Convención, la aplicación de la pena en menores de edad o mujeres embarazadas, así como el restablecimiento de la medida tras su supresión. 

Por último, es importante destacar algunas dificultades que enfrenta el proyecto en la promoción de la erradicación total de la pena de muerte en la nación. La primera es la competencia limitada del gobernador, puesto que dentro de sus facultades únicamente puede evitar que las sentencias se ejecuten a través de las moratorias temporales, pero no está legitimado para modificar la ley según la cual los fiscales piden la pena de muerte ni tampoco podría impedir que los jueces impongan la condena. A su vez, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su manifiesto apoyo hacía la imposición de la pena capital en los casos de terrorismo, ataques con armas e incluso tráfico de drogas, además de su inconformidad con la decisión del gobernador Gavin Newsom, podrían llegar a comprometer la iniciativa. 

REFERENCIAS