Cátedra UNESCO
19 de noviembre de 2019

México y Colombia: historias compartidas de desplazamiento forzado interno

Hoy más que antes las tragedias compartidas por los países latinoamericanos son conocidas a la velocidad de las noticias multimediales y de las transformaciones políticas y sociales que caracterizan los tiempos modernos. Es así como hemos sido testigos de las recientes manifestaciones populares que se han dado en algunos países vecinos tales como Ecuador, Chile y Bolivia, las cuales nos recuerdan nuestras limitaciones políticas y sociales, así como las dificultades que tenemos para garantizar el Estado Social de Derecho tan anhelado por todos (incluso por sus detractores).

Menos visible resulta, en cambio, el desplazamiento forzado interno que se da en otros países latinoamericanos y que, en casos como el de Venezuela, adquiere la forma de desplazamiento forzado transfronterizo masivo. Pues bien, me voy a referir al desplazamiento forzado que se da al interior del territorio mexicano, el cual he tenido la fortuna de “conocer” gracias a la invitación de la Universidad Autónoma de Guerrero a participar en el Diplomado internacional «Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las violencias».

A continuación, voy a destacar algunas similitudes y diferencias entre la realidad vivida por muchas personas en México y Colombia que se han visto obligadas a abandonar sus residencias y actividades económicas para salvar sus vidas y para escapar de distintas formas de violencia y/o graves violaciones a los derechos humanos; propósito que no pretendo lograr de forma exhaustiva, dadas las limitaciones de extensión de este espacio.

En cuanto a las analogías del fenómeno, en ambos países se destaca el desplazamiento asociado a la “construcción de grandes obras de infraestructura como las presas hidroeléctricas o carreteras” (Díaz y Romo, 2019, p. 18). Llama la atención que también exista ese tipo de desplazamiento en México, tal como en Colombia, y que afecte a los mismos grupos poblacionales. Al respecto informó la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México: “las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018, p. 1).

Otro de los puntos de encuentro es la insuficiencia de la respuesta institucional, que en el caso de México atraviesa los problemas de corrupción, el vacío o la debilidad institucional y la impunidad. De manera similar en Colombia, la incapacidad institucional para garantizar los derechos de la población desplazada no solo queda evidenciada en la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional del 2004 (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004), sino en especial en la persistencia de dicha declaratoria, no obstante hayan transcurrido 15 años.

La última de las semejanzas tiene que ver con el impacto diferencial territorial del desplazamiento en ambos países. En efecto, se trata de una realidad que varía según la región o, mejor, que es más representativa en ciertas regiones mexicanas (Díaz y Romo, 2019, p.18) tal como ocurre en la actualidad en Colombia, donde el desplazamiento total nacional ha disminuido, mientras en algunas regiones y departamentos sigue siendo muy representativo. Este es el caso de las dos zonas con mayor número de desplazamientos masivos registrados en 2018 en Colombia: Catatumbo y Nariño (Defensoría del Pueblo, 2018).

Respecto de las diferencias, sin duda la principal es el contexto de conflicto armado interno dentro del que se han dado el mayor número de desplazamientos forzados en Colombia. El conflicto es remplazado en México por la “violencia de alto impacto, asociada al narcotráfico y al crimen organizado” (Díaz y Romo, 2019, p. 18) como principal escenario en el que tiene lugar el desplazamiento forzado contemporáneo. Lo anterior sin desconocer que también son generadores de desplazamiento otros conflictos de tipo étnico racial, político e, incluso, desastres naturales, aun cuando no con la relevancia que tiene la violencia asociada al crimen organizado.  

Así mismo, mientras en Colombia podemos decir que el problema del desplazamiento forzado interno no es la principal problemática de derechos humanos hoy, en México se trata de una realidad cada vez más visible y cuya actualidad resulta difícil de discutir, de modo que es creciente el esfuerzo académico por conocer el problema. Se destacan como ejemplos con distintos alcances estudios tales como el libro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de Sonora y el Senado de la República (El desplazamiento interno forzado en México. Un acercamiento para su reflexión y análisis, 2013), el artículo de Luz María Salazar Cruz y José María Castro Ibarra (Tres dimensiones del Desplazamiento Interno Forzado en México, 2014), el estudio de caso de Natalia de Marinis (Despojo, materialidad y afectos: la experiencia del desplazamiento forzado entre mujeres triquis, 2017) y el libro más reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social –CIESAS– (Migración: nuevos actores, procesos y retos. Vol. II. Migración interna y migrantes en tránsito en México, 2019).

La última diferenciación que quisiera destacar es que en Colombia contamos con cifras oficiales que dan cuenta de la magnitud del desplazamiento forzado interno (la Red Nacional de Información –RNI–, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas). A diferencia de México, donde “no existen fuentes cuantitativas precisas ni instrumentos de esta naturaleza para medir puntualmente el problema, es decir, no se ha implementado un registro oficial que capte a esta población” (Díaz y Romo, 2019, p. 19). 

Fuentes consultadas

  • Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. (28 de junio de 2018). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México. A/HRC/39/17/Add.2.
  • Defensoría del Pueblo. (2018). Dinámicas del desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento. Boletín informativo n.° 7 Compilado Nacional Enero – Octubre 2018.
  • Díaz Pérez, María Cristina & Romo Viramontes, Raúl. (2019, marzo). La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Consejo nacional de población (CONAPO) & Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA).