Con criterio
11 de junio de 2019

Sobre las narrativas populistas de los derechos y la protección (primera parte)

Por: Ángela Marcela Olarte- *Docente investigadora CIPC

En los últimos años las sociedades contemporáneas se han visto afectadas por narrativas del populismo global que han llevado a la polarización política, especialmente al resurgimiento de la extrema derecha, la inestabilidad económica y la exclusión social. De acuerdo con Moisés Naím, el incremento de este populismo “más que una ideología, es una táctica para obtener y retener el poder en pocas manos”[1]. Según este analista las narrativas del populismo se empiezan a notar en una sociedad cuando se crean enemigos donde no los hay, todo es fuente de peligro, se criminaliza todo aquello que signifique oposición o se señalan amenazas externas, como los inmigrantes.  

Las narrativas son un conjunto de historias que nos proveen una mirada coherente del mundo basada en las experiencias vividas según la cultura o la educación, es decir que se desarrollan en contextos específicos (Toda Peace Institute, 2019). Es importante esta definición pues resulta curioso cómo Colombia se ha visto permeada por las narrativas del populismo y las ha usado en el contexto de la defensa y protección de los derechos de los niños cuando, al mismo tiempo, esta protección se desvanece al estar en juego otros intereses económicos y políticos.

Un ejemplo de ello es el proyecto de ley que pretende la imposición de cadena perpetua para aquellos que cometan delitos de violencia sexual contra niños. Esta pena, según los ponentes del proyecto, está justificada en el interés superior del niño y la obligación de protección de sus derechos por parte del Estado. Con este proyecto no solo se pretende dar vida a la cadena perpetua, que está proscrita en la Constitución de 1991, sino que también desconoce los factores multidimensionales de la violencia sexual, las asimetrías de poder construidas socialmente y la posibilidad de cambio de los posibles ofensores. Es evidente que estos delitos no pueden quedar impunes, pero la cadena perpetua es un reflejo de esas narrativas que incentivan el odio y la estigmatización e intensifican la percepción de inseguridad.

Por otro lado, desde el año 2016 se han venido impulsando distintas estrategias que pretenden reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados por las alarmantes cifras de obesidad en la población infantil colombiana, lo cual constituye un problema de salud pública y un alto costo para el sistema de salud, ya que aproximadamente el 7.2% de la población en América Latina sufre de obesidad y, por ende, de aparición temprana de enfermedades crónicas como la diabetes en los niños y las niñas (Red Papaz, 2018).

Primero el Ministerio de Salud trató de establecer un impuesto saludable a las bebidas azucaradas que no prosperó. Un año después, el proyecto de ley 019 de 2017 impulsado por la academia y organizaciones de la sociedad civil pretendía establecer medidas de salud pública para el control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles a través del etiquetado frontal a los productos altos en azúcar, sodio y grasas y la regulación de la publicidad de estos productos, entre otras medidas. Sin embargo, la discusión de este proyecto también fue aplazada en varias ocasiones. En el año 2018 el proyecto logró avanzar en los debates y a pesar de la insistencia del Ministerio de Salud sobre la importancia de generar políticas públicas que permitan a los consumidores tomar decisiones alimentarias informadas y el derecho prevalente de los niños, las niñas y adolescentes a una alimentación sana, la libertad de empresa prevaleció y le ganó el pulso al tan defendido interés superior del niño y la prioridad en la protección de sus derechos por parte del Estado.

Lo que hubo detrás de estas fallidas propuestas, además del lobby utilizado por la industria de los alimentos ultraprocesados y su influencia en el Congreso, fue la narrativa sobre la “satanización” de la industria colombiana, la generación de inseguridad al consumidor sobre lo que está eligiendo y el impacto sobre los tenderos y el desarrollo económico (Ideas Verdes, 2019)[2].

Este es uno de los tantos ejemplos que evidencian las narrativas populistas que llevan a adoptar medidas de desprotección e incluso que terminan beneficiando a unos pocos y donde el deber del Estado de proteger a los más “vulnerables” se desvanece y es superado por narrativas de miedo, de peligro y de inseguridad. En este caso, en ningún momento se defendió el interés superior del niño y la protección de sus derechos. Aun así, siguen vigentes iniciativas lideradas por parte de la sociedad civil que realmente se dirigen a la protección de los derechos y promueven narrativas para el bien colectivo y la justicia social, iniciativas de las que hablaré en la segunda parte de este artículo.

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[1] Moises Naim, ‘How to be a populist’, The Atlantic 21 April 2017; disponible en: https://www. theatlantic.com/international/archive/2017/04/trump-populism-le-pen/523491/ (22 September 2017)

[2] Recuperado de https://co.boell.org/es/2019/05/13/en-el-debate-sobre-la-comida-chatarra-derrota-de-la-sociedad-civil-manos-de-la-industria

REFERENCIAS

  1. Toda Peace Institute (2019)
  2. Red Papaz (2018) 
  3. Ideas Verdes (2019)