El control constitucional de la Ley de Seguridad Ciudadana ha puesto en evidencia la importancia de encontrar un equilibrio entre la construcción de una sociedad más segura y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no como objetivos contrapuestos, sino complementarios.
La privatización carcelaria no resulta eficiente en términos económicos y representa un riesgo de aumento en la violación de derechos humanos de la población privada de la libertad que se encuentra ya en un estado especial de vulnerabilidad.
El pasado 7 de febrero el senador Iván Cepeda con apoyo de otros políticos y sectores sociales, radicó el Proyecto de Ley 314 de 2022 con el que se quiere reformar el Código Penal adicionando tres nuevos artículos. Según el texto de la iniciativa y como lo explicó el senador Cepeda por medio de su cuenta de Twitter, este proyecto de ley busca sancionar los ataques dolosos al proceso de paz, mediante el empleo de métodos criminales en cualquiera de sus fases (la negociación, firma, implementación del Acuerdo o la reincorporación). También aclaró que este proyecto de ley no busca perseguir de forma política a quienes están en contra del Acuerdo de Paz y su implementación sino los comportamientos dolosos para perpetuar la guerra.[1]
“Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.
Las actuales condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad nos deberían conducir por lo menos a tres reflexiones. La primera es que el derecho penal en Colombia no está cumpliendo ningún fin de la pena. La segunda es la inequívoca conclusión de que la política criminal actual […]
En el año 1998 la Corte Constitucional afirmó categóricamente que “el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario”[1]. En ese sentido, al constatar la vulneración sistemática y grave de los derechos de las personas privadas de su libertad, declaró la existencia del Estado de Cosas Inconstitucional. A […]
Con la llegada del virus SARS-Cov-2 a Colombia y ante el riesgo que este representa para la población privada de la libertad, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T- 388 de 2013 (en adelante, “la Comisión”) recomendó a varias entidades del Estado adoptar medidas urgentes […]
Para saber más, click aquí
Con gran concurrencia y éxito se desarrolló ayer, 20 de febrero, el conversatorio «Cárcel hasta la muerte?» organizado por la Librería Lerner, Siglo del Hombre Editores, y un grupo de renombradas universidades colombianas, a propósito del lanzamiento del libro «Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia». El […]
Así fue el lanzamiento del libro «Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia» escrito por las docentes investigadoras del CIPC Angélica María Pardo López, Ana Lucía Moncayo Albornoz y Ángela Marcela Olarte Delgado. El libro responde al creciente número de iniciativas que pretenden endurecer la política criminal […]