El concepto de reinserción social es abordado por distintos autores como una categoría de la función de la pena. Sin embargo, al apreciar esta teoría desde la realidad colombiana, se discute si lo que se da en la práctica realmente es una “reinserción” a una esfera social, o si, por […]
Desde el 2019 la JEP se ha encargado de crear vías y activar la ruta de articulación en las cuales las personas pertenecientes a comunidades indígenas que hayan sido víctimas o victimarios en el marco del conflicto puedan acudir a estas para acceder a la justicia transicional bien sea para acogerse como partícipes en conductas delictivas de forma directa o indirecta en el conflicto o para ser acreditados como víctimas dentro de los macro casos.
Actualmente se encuentra en curso el Proyecto de Ley 093 de 2019 (Senado) y 498 de 2020 (Cámara), el cual busca la aplicación del servicio de utilidad pública como pena alternativa para las mujeres cabeza de hogar condenadas por los delitos de hurto simple, calificado y agravado, conservación o financiación de plantaciones de sustancias ilícitas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles y aquellos que hayan tenido una pena impuesta de 8 años de prisión o menos.
Una vez firmado el Acuerdo Final de Paz en el año 2016, la atención del país y del mundo estuvo puesta en la materialización y cumplimiento de este. Sin embargo, poco a poco la población ha ido perdiendo interés en este tema, teniendo como consecuencia una normalización y pasividad respecto de cifras impactantes de asesinatos, desaparecidos, desplazamientos forzados y demás crímenes graves contra los firmantes del acuerdo.
El pasado 7 de febrero el senador Iván Cepeda con apoyo de otros políticos y sectores sociales, radicó el Proyecto de Ley 314 de 2022 con el que se quiere reformar el Código Penal adicionando tres nuevos artículos. Según el texto de la iniciativa y como lo explicó el senador Cepeda por medio de su cuenta de Twitter, este proyecto de ley busca sancionar los ataques dolosos al proceso de paz, mediante el empleo de métodos criminales en cualquiera de sus fases (la negociación, firma, implementación del Acuerdo o la reincorporación). También aclaró que este proyecto de ley no busca perseguir de forma política a quienes están en contra del Acuerdo de Paz y su implementación sino los comportamientos dolosos para perpetuar la guerra.[1]
Un verdadero programa de política criminal que apunte a solucionar las causas estructurales que derivan en la actual crisis de la justicia penal debería empezar por una revisión exhaustiva del Código Penal para optar por descriminalizar las conductas menos lesivas, o aquellas cuya solución puede darse mediante otros tipos de justicia, desde aquella civil, hasta justicias restaurativas, comunitarias e indígenas.
La iniciativa legislativa es un gran paso para cambiar el enfoque político-criminal de la justicia penal, que actualmente es bastante represivo, por alternativas que permitan el correcto desarrollo de las partes implicadas y la efectiva solución del conflicto.
El derecho penitenciario busca institucionalizar a los internos y, específicamente, a los indígenas privados de la libertad a través del miedo y la imposición, gestos que son un continuum de la conquista y de la colonia.
El 2020 jamás será olvidado por la humanidad. La historia de todos quedará marcada por los cambios que produjo en nuestras vidas el COVID-19. En efecto, nuestra forma de vivir en estos días no es la misma, la pandemia nos obligó a encerrarnos en nuestras casas por un término indeterminado, […]
Las actuales condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad nos deberían conducir por lo menos a tres reflexiones. La primera es que el derecho penal en Colombia no está cumpliendo ningún fin de la pena. La segunda es la inequívoca conclusión de que la política criminal actual […]